La retirada de la macrogranja de Canarias reaviva el debate en Moaña
El archivo de la macrogranja de pulpos de Canarias reaviva en Moaña el debate sobre el criadero experimental de A Borna.
La solicitud para construir la primera granja comercial de pulpos del mundo en el Puerto de Las Palmas ha sido retirada oficialmente, tras cinco años de tramitación y debate. El expediente, iniciado en 2021, fue archivado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas después de que la empresa desistiese ante la evolución del procedimiento y los nuevos requisitos ambientales.
La decisión no implica, según la compañía, una renuncia definitiva a investigar el cultivo de pulpos si cambian las condiciones regulatorias o tecnológicas. Organizaciones ecologistas, entidades de protección animal y científicos han celebrado el archivo, que consideran un avance frente a la acuicultura intensiva de cefalópodos.
El desenlace en Canarias ha trasladado la atención a Galicia y, en particular, a Moaña. Un grupo pesquero dispone desde enero de 2025 de una autorización, por diez años renovables, para instalar un criadero experimental de pulpo común en la playa de A Borna, en colaboración con el CSIC. El objetivo declarado del proyecto es avanzar hacia una producción industrial en un plazo de cinco años.
AnimaNaturalis y PACMA cuestionan la iniciativa y señalan que su documentación contempla tasas de mortalidad larvaria de entre el 50% y el 80%. También alertan de su proximidad, inferior a un kilómetro, a la Zona de Especial Conservación de la Ensenada de San Simón. PACMA ha anunciado que estudia recurrir la autorización por vía administrativa y judicial.
El debate también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se tramita una proposición de ley para prohibir expresamente la cría intensiva de pulpos en España. La iniciativa plantea modificar la Ley de Cultivos Marinos y se apoya en estudios sobre la inteligencia, sensibilidad y comportamiento de estos animales.
Las organizaciones contrarias a estas explotaciones sostienen que el archivo del proyecto canario no cierra la puerta a nuevas iniciativas mientras no exista una prohibición estatal. La discusión se extiende además a otros países, como Colombia, Chile y México, así como a los estados estadounidenses de California y Washington, que han aprobado o impulsado restricciones similares.