Detenido un cazador furtivo y otro investigado por caza ilegal de venados en el Noroeste murciano
Detenido un cazador furtivo y otro investigado por matar venados en el Noroeste murciano durante la berrea, en la operación 'Puntas' de Guardia Civil y CARM.
La Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la CARM, ha detenido a un cazador furtivo y ha investigado a otro como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna por la caza ilegal de venados adultos durante la época de berrea. La operación, denominada 'Puntas', se desarrolló en la comarca del Noroeste murciano y permitió esclarecer dos casos en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla.
La investigación se inició tras las alertas de varios titulares cinegéticos sobre actuaciones de furtivismo durante la berrea, periodo de celo del ciervo en el que los machos adultos emiten potentes bramidos para atraer a las hembras. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil reforzó los servicios nocturnos en la zona para detectar estas actividades ilícitas.
El primer caso se produjo hace dos semanas, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Caravaca de la Cruz localizó a un cazador furtivo que acababa de abatir un ciervo macho adulto de catorce puntas a escasos metros de otros dos cazadores. Tras el disparo, el sospechoso huyó al monte, pero los agentes localizaron a un kilómetro un vehículo y una funda de rifle, indicios que llevaron a su identificación y detención. Según las pesquisas, no contaba con autorización de ningún coto de la zona.
El segundo caso surgió la pasada semana, cuando una sociedad de cazadores de Caravaca de la Cruz denunció ante la Guardia Civil que un cazador, presuntamente furtivo, había difundido en una red social un vídeo en el que presumía de abatir un ciervo adulto macho de once puntas en un coto de la sociedad, sin autorización. Los agentes localizaron el lugar de grabación y comprobaron lo denunciado, y el autor quedó investigado.
Ambos cazadores acumulaban además denuncias por varias infracciones administrativas previstas en la normativa de caza. La colaboración de los agentes medioambientales y de cazadores de la zona fue determinante para el esclarecimiento de los hechos.
Este tipo de delitos se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, además de inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar de dos a cuatro años.
Información elaborada a partir de La Verdad.