El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid

El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para aprobar el decreto de vivienda después del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que no tenía alternativa habitacional. El Ejecutivo pretende desbloquear una norma que el Congreso rechazó en dos ocasiones y que incluía medidas para proteger a personas vulnerables.

Fuentes del Gobierno y de Junts han confirmado el intercambio de propuestas. La formación de Carles Puigdemont sostiene que el PSOE está estudiando sus iniciativas y espera una respuesta en las próximas horas. Según Junts, sus planteamientos podrían reunir los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto.

La negociación es compleja por los vetos cruzados entre los socios parlamentarios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de “error” que Junts marque los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu reconoce la dificultad de la aritmética parlamentaria y se muestra dispuesto a aceptar medidas que no comparte.

Sumar ha reclamado que el decreto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros y llegue después al Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, han defendido que incluya la suspensión de desahucios en determinados casos. El presidente Pedro Sánchez ha evitado fijar una fecha y ha pedido también el compromiso del Parlamento.

El Ministerio de Vivienda insiste en que no se negocia exactamente una moratoria temporal, sino una “solución estructural”. El borrador planteaba que un juez pudiera mantener suspendido un desahucio cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no hubieran ofrecido una solución.

La propuesta diferenciaba entre grandes propietarios y pequeños caseros. Con carácter general, contemplaba suspensiones de dos meses si el demandante era una persona física y de cuatro meses si era una persona jurídica, aunque los hogares vulnerables sin alternativa residencial podían quedar protegidos hasta que se garantizara una solución. La medida podría afectar también a procedimientos con sentencia si el lanzamiento aún no se hubiera ejecutado.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.