La UCO abre en Murcia la caja fuerte de un empresario investigado en el caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrió este jueves una caja fuerte privada en una sucursal bancaria de la Gran Vía de Murcia, en el marco de la investigación del caso Mascarillas en la Diputación de Almería, gobernada por el Partido Popular. Según la documentación presentada por la defensa de uno de los investigados, la caja contiene ocho relojes de lujo, seis Rolex y dos Patek Philippe, valorados en unos 192.000 euros, además de otros tres relojes personales.

La causa se centra en un contrato de emergencia adjudicado el 8 de abril de 2020 por algo más de dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica para la compra de mascarillas, guantes y equipos de protección. La Guardia Civil detectó una comisión de unos 945.000 euros vinculada a esa operación. Después, la investigación se amplió al posible amaño de contratos de obra pública, al cobro de comisiones ilegales y al blanqueo de capitales. Entre los investigados figuran antiguos responsables políticos de la Diputación, incluido su expresidente Javier Aureliano García.

Los abogados del bufete Mariano Bó y Pablo Martínez, con los que ha hablado La Opinión de Murcia, sostienen que los relojes pertenecen a una empresa de compraventa de joyería que no está investigada y que su adquisición tiene un origen lícito. "No tienen nada que ver con la investigación y están todos justificados", aseguran. Según su versión, los agentes ni siquiera consideraron necesario requisarlos.

La causa de Almería tiene otras conexiones con la Región. En 2021 se practicaron registros en Murcia y entre los empresarios investigados figura Bruno Sánchez Page, con negocios hortofrutícolas. Además, se han identificado sociedades administradas por Kilian López Solé, uno de los principales investigados, con presencia en la Región.

Por otra parte, la Audiencia Nacional investiga una posible relación de Rogelio Pujalte Martínez, propietario del Depósito Judicial de Murcia, ubicado en Librilla, con la trama de adjudicación de mascarillas vinculada al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. La sociedad de Víctor de Aldama transfirió 100.000 euros a una empresa vinculada a Pujalte el 30 de julio de 2020, y la UCO trata de esclarecer la naturaleza y el destino de ese dinero. Pujalte sostiene que se trataba de una aportación para desarrollar una incineradora de drogas, proyecto que no prosperó. Los investigadores sospechan que pudo advertir a Koldo García de que estaba siendo investigado, extremo que la defensa niega.

En el procedimiento principal, el Tribunal Supremo condenó el 22 de junio de 2026 a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses, y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.