Sanidad reclama que Madrid active el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto.

García ha señalado que, a 1 de septiembre, Madrid no había avanzado más allá de los trámites iniciales, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenó en marzo iniciar los procedimientos administrativos para elaborar y aprobar el registro.

La resolución del TSJM se produjo tras un recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado contra la inactividad de la Administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la normativa sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra ha hecho este anuncio durante la presentación de una campaña para combatir el estigma y la culpa asociados al aborto y reivindicar el acceso a esta prestación en la sanidad pública. Según ha indicado, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, una proporción que en la Comunidad de Madrid alcanzó el 99%.

García ha defendido que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero ha advertido de que debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo a la prestación. La campaña sostiene que las mujeres tienen derecho a recibir información clara, atención sanitaria y respeto a su decisión, tanto si optan por abortar como si deciden no hacerlo.

La iniciativa se presenta también ante la ciudadanía de Murcia como parte del debate estatal sobre la prestación del aborto en la sanidad pública y sobre la organización de la objeción de conciencia, aunque las medidas anunciadas afectan directamente a la Comunidad de Madrid.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.