El Supremo avala multar a los ayuntamientos por no retirar residuos de los cauces urbanos

El Tribunal Supremo ha confirmado que los ayuntamientos pueden ser sancionados por no retirar residuos sólidos acumulados en los cauces públicos de zonas urbanas, aunque no sean ellos quienes los hayan depositado. La sentencia ratifica una multa de 3.000 euros que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) impuso al Ayuntamiento de Murcia por no retirar desechos de la rambla del Albujón, cerca de Los Conesas y Los Vidales. La resolución fue dictada el 1 de julio de 2026, pero la CHS no la hizo pública hasta este viernes, más de cuatro meses después.

En su nota de prensa, el organismo de cuenca no identifica al Ayuntamiento de Murcia como la administración sancionada ni menciona la rambla donde ocurrieron los hechos, aunque ambos datos figuran en la sentencia. Según la CHS, el fallo confirma la responsabilidad de las entidades locales en las labores ordinarias de limpieza y retirada de residuos de los cauces urbanos, en el marco de sus competencias en urbanismo, medio ambiente urbano y gestión de residuos, y de las obligaciones previstas en la legislación de aguas.

La noticia tiene una lectura para Orihuela, municipio ribereño del Segura en la Vega Baja, como también lo son Almoradí, Formentera del Segura o Rojales. La CHS sostiene desde 2018 una discusión con estos municipios sobre la limpieza de los cauces urbanos. El organismo interpreta que la sentencia respalda la obligación de los ayuntamientos de mantener en buen estado esos cauces, sin perjuicio de las competencias que conserva la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.

La CHS recuerda además que ha firmado convenios con la mayoría de los ayuntamientos para financiar limpiezas y conservación de cauces, en contratos que adjudican los municipios pero que financia el organismo, y que ha instalado barreras de retención de sólidos flotantes en las entradas a los cauces urbanos. Subraya que la obligación municipal no depende de quién haya depositado los residuos, y que no retirar materiales contaminantes puede constituir infracción de la Ley de Aguas.

El litigio se remonta a 2019, cuando la CHS requirió al Ayuntamiento de Murcia, en los días 21 de enero y 11 de septiembre, que retirase residuos de la rambla del Albujón. Al no recibir respuesta, abrió un expediente que culminó el 8 de julio de 2021 con la multa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia la confirmó en junio de 2023 y el Supremo admitió el recurso de casación en mayo de 2024. El consistorio alegó que no había depositado los residuos ni se conocía a sus autores, y que, al tratarse de dominio público hidráulico estatal, la responsabilidad correspondía a la CHS. El Supremo lo rechazó porque la sanción se impuso según la normativa de aguas y no la de residuos, y porque la obligación municipal de limpieza no se limita a los terrenos clasificados formalmente como suelo urbano, sino que alcanza también a los núcleos de población y sus aledaños.

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