La ampliación del Centro de Atención Temprana de Orihuela sigue sin obras un año después

Un año después del anuncio de la ampliación del Centro de Atención Temprana (CAT) de Orihuela, presentada por el PP como una de las grandes inversiones sociales del mandato, no se han iniciado las obras ni se han habilitado los nuevos espacios prometidos. En octubre del año pasado, el alcalde, Pepe Vegara, avanzó la adquisición de dos inmuebles anexos al centro, a través de la sociedad municipal Uryula Histórica, por 160.000 euros, además de una inversión estimada de 700.000 euros para su adecuación.

El proyecto contemplaba rehabilitar el edificio de la calle Doctor Escolano, número 3, para crear nuevas salas de tratamiento, y convertir el inmueble de la calle Oriolet, número 18, en un patio terapéutico. Doce meses después, el concejal socialista Juan Miguel López ha solicitado documentación sobre la compra y la rehabilitación de ambos inmuebles. La respuesta del concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, indica que su departamento no tiene ningún expediente abierto relacionado con este asunto.

López considera que el gobierno debe aclarar si la compra se ha formalizado y en qué condiciones, en qué punto están las obras y, en caso de estar paralizado el proyecto, por qué. Según el edil, la respuesta de Patrimonio no demuestra por sí sola que no se haya hecho ninguna gestión desde otras áreas, pero sí evidencia la necesidad de conocer el recorrido administrativo del proyecto. Por ello, reclama a Vegara y a la responsable de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, que detallen las actuaciones realizadas.

"Vegara vino al centro, anunció una inversión millonaria y presentó la ampliación como un gran compromiso social. Un año después, seguimos esperando las obras y, sobre todo, explicaciones", ha afirmado López.

Fuentes municipales aseguran que la tramitación continúa y que se vio retrasada por el periodo de adaptación que conllevó el cambio de gerente en la empresa municipal que gestiona el servicio. El CAT atiende cada año a más de 250 menores y realiza unas 11.000 sesiones de tratamiento. Los profesionales han reivindicado una ubicación más céntrica que facilite los desplazamientos, una demanda que los socialistas piden que el gobierno aborde con soluciones concretas.

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