Orihuela plantea una ZBE en tres zonas y prevé multas de 1,7 millones en 2031
Orihuela proyecta una ZBE en el casco histórico, el núcleo urbano y la Costa, con 3,5 millones de inversión y multas previstas de 1,7 millones en 2031.
El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a información pública el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que establece un plazo de 30 días para presentar alegaciones. La propuesta contempla una implantación diferenciada en el casco histórico, el núcleo urbano y la Costa, con una inversión prevista de 3.496.116 euros sin IVA.
En el casco histórico se plantea un control de acceso y circulación mediante autorizaciones para residentes, garajes, comercios y servicios esenciales. En el núcleo urbano, la aplicación será progresiva: primero se restringirá el acceso de los vehículos sin distintivo ambiental de personas no empadronadas y, en una segunda fase, tampoco podrán entrar los vehículos sin distintivo o con etiqueta B, con independencia de que sus usuarios sean residentes o no.
La fase inicial tendrá una duración de seis meses y servirá para la adecuación y las pruebas, sin restricciones. Una vez activado el sistema, habrá un periodo transitorio de un año con avisos informativos y sin sanciones. La futura ordenanza municipal deberá concretar las excepciones y el régimen sancionador.
En la Costa, la medida se centrará en el estacionamiento durante los periodos de mayor afluencia. La Zona Verde funcionará del 15 de junio al 15 de septiembre, de lunes a domingo, entre las 10 y las 20 horas, con 794 plazas en áreas como Dehesa de Campoamor, Cabo Roig, La Zenia, Playa Flamenca, entornos portuarios y primeras líneas de playa. En el conjunto del municipio, las plazas reguladas pasarán de 770 a 939, con 169 nuevas plazas, aunque se eliminarán 62 en Duque de Tamames.
El documento estima ingresos por sanciones de 158.162 euros en 2027, una cifra que aumentaría con la implantación del sistema hasta alcanzar los 1,7 millones en 2031, cuando comenzaría el régimen sancionador de la segunda fase. El proyecto sostiene que las multas tendrán una función disuasoria y no constituirán el objetivo económico de la ZBE.
El despliegue aún requiere varios trámites, entre ellos la aprobación de la ordenanza, la instalación de señalización, cámaras de lectura de matrículas, paneles informativos y dispositivos para medir la calidad del aire y el ruido. El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha asegurado que el Ayuntamiento escuchará a vecinos, comerciantes, profesionales y demás afectados para conseguir una regulación proporcionada y aplicable de forma razonable.
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