Alberta rechaza iniciar el camino hacia la independencia de Canadá

Alberta, la provincia petrolera del oeste de Canadá, rechazó el 19 de octubre iniciar el proceso constitucional hacia un referéndum vinculante de independencia. Alrededor del 75% de los votantes optó por permanecer en Canadá, frente a un 25% que apoyó abrir la vía de la separación.

El resultado también supone un revés para dirigentes separatistas que habían mantenido contactos en Washington con funcionarios estadounidenses. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegó a definir una Alberta independiente como un «socio natural» de su país. El texto atribuye además a las amenazas de Donald Trump sobre la soberanía canadiense un posible efecto contrario: el refuerzo de la identidad canadiense.

El artículo destaca el marco legal canadiense para abordar las aspiraciones secesionistas. Tras las consultas de Quebec de 1980 y 1995, el Tribunal Supremo fijó en 1998 las reglas constitucionales para una eventual separación y el Parlamento aprobó en 2000 la Ley de Claridad. Esta norma exige una pregunta inequívoca y una mayoría clara; si se cumplen esas condiciones, obliga a negociar cuestiones como las fronteras, la deuda, los activos, los derechos de las minorías y las reformas constitucionales necesarias.

La comparación con Cataluña y el referéndum del 1 de octubre de 2017 centra buena parte del análisis. El texto considera que aquella consulta carecía de garantías y había sido declarada inconstitucional, pero sostiene que España debería haber buscado una vía legal y política para medir la voluntad de los catalanes. En su lugar, recuerda la intervención policial en colegios electorales, los procesos penales posteriores y la prisión de dirigentes políticos.

El artículo cita también los referéndums pactados en Escocia en 2014 y las fórmulas de federalismo y autonomía de Bélgica y Finlandia. Su conclusión es que permitir legalmente una eventual salida puede reforzar la permanencia, porque convierte el «me quedo» en una decisión libre. Como propuesta, plantea que España elabore una Ley de Claridad propia con reglas previas sobre la pregunta, la mayoría, la participación, las garantías, la negociación y las consecuencias.

La reflexión puede interesar en Ourense como parte del debate estatal sobre la organización territorial, la autonomía y la respuesta democrática a las demandas independentistas, aunque el texto no aporta datos específicos sobre la provincia.

Información elaborada a partir de La Región.