El Congreso retoma la ley que limita las redes sociales a menores de 16 años

El Congreso prevé retomar esta semana la tramitación del proyecto de ley orgánica para proteger a los menores en los entornos digitales. La iniciativa se debatirá este martes en la ponencia de la Comisión de Justicia e incluye limitar el acceso a redes sociales con contenidos dañinos a los menores de 16 años.

La propuesta, impulsada mediante acuerdos entre PSOE y Sumar, pone el foco en la responsabilidad de las plataformas digitales. Estas deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no emplean diseños adictivos, que protegen a los menores frente a contenidos y conductas perjudiciales, que garantizan su privacidad y que ofrecen herramientas eficaces contra contactos no deseados.

Los menores de 16 años necesitarían además autorización de sus padres o tutores legales para acceder a las plataformas que autorice la CNMC. Las enmiendas incorporadas también plantean tipificar como delito la manipulación de algoritmos para amplificar contenidos dañinos, como mensajes que inciten al suicidio o a la autolesión, material de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio.

La propuesta contempla asimismo responsabilidad penal para los directivos que conozcan ese efecto y no actúen, así como consecuencias penales por ignorar una orden judicial o administrativa de retirada de contenidos ilícitos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que la responsabilidad debe recaer en las grandes plataformas y no en las familias. También apostó por la pedagogía, el acompañamiento y un acceso gradual y seguro al entorno digital.

La tramitación parlamentaria coincide con el anuncio realizado el 16 de septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de una propuesta para vetar las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea. La iniciativa prevé cuentas vigiladas por los padres y diseños adaptados para los usuarios de entre 15 y 18 años. La medida que se debate en Madrid tendría implicaciones también para las familias de Ourense, aunque el texto aún debe completar su recorrido parlamentario.

Información elaborada a partir de La Región.