El desalojo de una anciana reabre el debate sobre la vivienda en España

El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada por la fuerza y trasladada en ambulancia del piso en el que vivía desde 1956, ha provocado indignación y ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda y los desahucios.

La anciana residía en un piso del barrio madrileño de El Retiro con un contrato de renta antigua firmado por su padre y sin recibos pendientes. Su pensión es de 1.450 euros, mientras que la propiedad llegó a reclamarle una renta mensual de 2.650 euros.

El inmueble pertenece a Urbagesa, una empresa con sede en Madrid y delegación en Valladolid. El caso ha sido criticado por distintos sectores y también por un relator de Naciones Unidas. Maricarmen permanece ingresada en un hospital por agotamiento severo.

La situación ha vuelto a poner el decreto de vivienda en el centro del debate parlamentario, en un contexto marcado además por la proximidad de las elecciones. La presidenta madrileña situó el caso entre los 25.000 desahucios que se ejecutan cada año en España, aunque el artículo considera imprecisa esa referencia.

Las protestas se extendieron por varias ciudades gallegas. A Coruña, Vigo, Santiago y Monforte registraron concentraciones bajo el lema «miles de Maricarmen», una movilización cuyo eco también alcanza a Ourense como capital provincial.

Información elaborada a partir de La Región.