El Estado cubrirá deudas de alquiler para frenar desahucios de vulnerables

El Gobierno ha aprobado un mecanismo permanente para evitar desahucios por impago de alquiler cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor hoy y deberá ser convalidada por la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes.

La administración competente dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación judicial para ofrecer una vivienda alternativa. Si no lo hace, tendrá que pagar al propietario o consignar en el juzgado la deuda, las rentas acumuladas y los costes del procedimiento.

Ese pago saldará la deuda y paralizará el desahucio, manteniendo vigente el contrato de alquiler. Si transcurren los dos meses sin vivienda alternativa ni abono de las cantidades pendientes, la administración pública se convertirá en la deudora oficial frente al propietario. El Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas por los costes que asuman.

El real decreto ley también suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables cuando los demandantes sean fondos o entidades dedicadas a comprar masivamente créditos impagados o inmuebles por debajo del valor de mercado.

Además, en las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual deberá acreditarse si la parte ejecutante es un gran tenedor. Hasta finales de 2030, los grandes tenedores jurídicos y las firmas compradoras de deuda no podrán adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor oficial de tasación.

Las medidas también afectan al IRPF. Con efectos desde el 1 de enero de 2026, los arrendadores que reduzcan más de un 5% el alquiler podrán acceder a reducciones de hasta el 100% en zonas tensionadas y del 70% en alquiler social. Los inquilinos con bases imponibles inferiores a 33.007,2 euros podrán deducirse el 10% del alquiler, con una base máxima de 11.630 euros. La norma afecta también a los hogares de Ourense, aunque el texto no concreta medidas específicas para la provincia.

Información elaborada a partir de La Región.