El Supremo mantiene vetado el voto a 163.020 nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo mantiene la suspensión del voto para 163.020 nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto para los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos y están afectados por la medida judicial. Estos electores no podrán participar en las elecciones generales del 29 de noviembre mientras siga vigente la suspensión, que alcanza a unas 163.020 personas, según los datos aportados por la Abogacía del Estado.
La decisión mantiene una medida adoptada en septiembre dentro de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la inscripción en el censo electoral de ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La suspensión afecta a determinados descendientes de españoles de origen que accedieron a la nacionalidad gracias a la norma aprobada en 2022. El conflicto se centra en la interpretación de los requisitos para acreditar el exilio y en una instrucción del Gobierno que presumía esa condición en quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
El Supremo considera necesario diferenciar entre quienes acreditan las circunstancias de exilio exigidas por la ley y quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esa presunción. La medida afecta a los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven en el extranjero.
La resolución no implica la pérdida de la nacionalidad española. La suspensión se limita al ejercicio del voto mientras el tribunal resuelve el procedimiento sobre los criterios utilizados para inscribir a estos nuevos electores.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido reconsiderar la medida, alegando dificultades para revisar el censo antes de las elecciones y el riesgo de privar del sufragio a ciudadanos cuya nacionalidad ya está reconocida. El adelanto electoral al 29 de noviembre ha acelerado la decisión por los plazos legales de consulta y cierre definitivo del censo. El asunto, de alcance estatal, también puede interesar a vecinos de Ourense con familiares o vínculos con la emigración exterior, aunque no constan datos específicos para la provincia.
Información elaborada a partir de La Región.