Galicia prepara una nueva ley de incendios centrada en prevenir y gestionar el territorio

La Xunta plantea renovar la normativa gallega de incendios, aprobada hace casi 20 años y modificada en numerosas ocasiones, con una futura ley que atribuye al cambio climático un papel de “catalizador” de la virulencia de los fuegos. El anteproyecto sitúa como principal causa el exceso de combustible acumulado en el territorio por el abandono rural y la despoblación.

La exposición de motivos subraya que Galicia cuenta con un número excepcional de asentamientos de población en el medio rural, por lo que considera fundamental reforzar la protección de las personas que viven en las aldeas. La norma busca reducir al máximo los incendios provocados o derivados de negligencias y de una gestión inadecuada de la biomasa.

El texto defiende que la clave para combatir el fuego es anticiparse mediante una gestión agrícola, ganadera y forestal sostenible, respetuosa con el medio ambiente y capaz de generar una rentabilidad adecuada para quienes viven en el rural. La protección de las personas, los bienes y el medio natural aparece como el primer objetivo.

La futura ley advierte de que los nuevos escenarios climáticos pueden aumentar el riesgo de incendios de gran virulencia y convertirlos en “multiemergencias” con afecciones a la seguridad ciudadana. Estos siniestros, señala el anteproyecto, serán cada vez más complejos, peligrosos y difíciles de gestionar.

La Xunta considera los incendios forestales un fenómeno cíclico y recurrente en Galicia, agravado por la transformación ambiental, social y económica del rural. La despoblación, ligada al abandono de los usos agroganaderos tradicionales, y la falta de gestión forestal sostenible favorecen un paisaje más propicio a la propagación y reducen las posibilidades de extinción.

El anteproyecto apuesta así por cambiar el modelo: frente a la prioridad exclusiva de invertir en dispositivos avanzados de extinción, propone promover paisajes resilientes, vivos, rentables y menos inflamables. El planteamiento afecta al conjunto de Galicia y resulta especialmente relevante para Ourense, una provincia con una amplia presencia de territorio rural, aunque el texto no concreta medidas específicas para la capital ourensana.

Información elaborada a partir de La Región.