Juristas cuestionan el papel del Constitucional ante el regreso de Puigdemont

El debate sobre el alcance de las resoluciones del Tribunal Constitucional se intensifica ante el anunciado retorno de Carles Puigdemont, según el análisis publicado por La Región. Juristas críticos sostienen que el tribunal está revisando competencias propias del Tribunal Supremo al entrar en la interpretación de hechos y sentencias.

El texto señala que, desde que Cándido Conde-Pumpido preside el Constitucional, han aumentado las correcciones al Supremo. Entre los ejemplos citados figuran el caso de los ERE de Andalucía, que benefició a dos dirigentes del PSOE, y la amnistía vinculada al apoyo parlamentario para la investidura de Pedro Sánchez.

Estos juristas consideran que la función del Constitucional debe centrarse en el control normativo y la protección de los derechos fundamentales, mientras que la determinación de los hechos y la valoración de las pruebas corresponden a los tribunales que juzgan en primera instancia.

El artículo recuerda que el artículo 123 de la Constitución define al Supremo como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Por ello, varios constitucionalistas reclaman contención al Constitucional y cuestionan que actúe como una última instancia judicial o que corrija las penas impuestas por el Supremo.

Las críticas se centran especialmente en la amnistía del proceso independentista catalán, al considerar que deja sin efecto delitos comunes previstos en el Código Penal por haberse cometido, según la norma, por una causa política. El texto sostiene que las tensiones entre ambos tribunales han seguido aumentando.

El asunto, aunque se refiere a la política estatal y catalana, también forma parte de la actualidad que se sigue en Ourense como capital provincial, por sus efectos sobre la interpretación de la Constitución, la separación de funciones judiciales y las decisiones de ámbito nacional.

Información elaborada a partir de La Región.