La crisis de la vivienda en Galicia afronta el reto de los pisos vacíos

La crisis habitacional en Galicia combina precios prohibitivos en las ciudades con más de medio millón de viviendas vacías, según los datos citados del Instituto Galego de Estatística (IGE). El análisis pone el foco en una situación que también afecta al debate sobre el acceso a la vivienda en Ourense y en el conjunto de la comunidad.

El texto señala que buena parte de los inmuebles sin ocupar se encuentran en el rural y en las periferias menos tensionadas, aunque cifra en unas 20.000 las viviendas vacías en A Coruña y en unas 13.000 las de Vigo. La Sareb dispone de 1.763 viviendas en Galicia, de las que 221 están en A Coruña y 49 en Vigo, mientras que el parque vacío propiedad de los bancos añadiría otras 4.000, según fuentes citadas.

El artículo defiende que la realidad gallega no puede analizarse con los mismos esquemas que la de Madrid y rechaza centrar el diagnóstico en los grandes fondos. Según el texto, el 80% de las viviendas alquiladas son propiedad de personas físicas residentes, frente al 6,6% de sociedades limitadas y el 0,75% de sociedades anónimas, socimis y entidades similares.

Como alternativa, plantea un pacto social entre las Administraciones, los inquilinos y los pequeños propietarios, liderado por los ayuntamientos. Entre las medidas propuestas figuran bolsas municipales de alquiler con aval público, garantías sobre el cobro de las rentas y la devolución de los inmuebles en buenas condiciones.

El análisis también propone aumentar el IBI de las viviendas vacías hasta los máximos legales, elevar ese límite mediante una reforma estatal y restringir de forma sustancial las viviendas de uso turístico en las zonas tensionadas. Además, apuesta por ampliar el patrimonio público de alquiler y por crear un parque de vivienda concertada mediante la colaboración con pequeños propietarios.

El texto concluye que la vivienda debe considerarse prioritariamente un derecho y no un negocio, y cita el modelo de Viena como ejemplo de que es posible garantizar ese acceso mediante políticas públicas sostenidas.

Información elaborada a partir de La Región.