La Diputación Permanente reabre el debate sobre dos decretos del Gobierno

La disolución de las Cortes ha abierto la posibilidad de que la Diputación Permanente vuelva a pronunciarse sobre dos propuestas de decretos-leyes del Gobierno que habían sido rechazadas días antes por el pleno del Congreso. El mecanismo, legal según el análisis del texto, suscita críticas por su posible uso para modificar una decisión parlamentaria previa.

El artículo recuerda que Pedro Sánchez se oponía el 20 de noviembre de 2015 a que la Diputación Permanente adoptase decisiones relevantes, como un eventual incremento de tropas en Mali y la República Centroafricana. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo recurre a este órgano con un objetivo distinto.

La Diputación Permanente está integrada por 69 miembros y necesita 35 votos para aprobar los proyectos. El PSOE cuenta con 25 representantes y Sumar con seis, por lo que el Gobierno necesitaría el respaldo de Bildu, ERC, Podemos y PNV, formaciones que apoyaron el primer decreto en el Congreso.

La Constitución atribuye a las diputaciones permanentes la función de asumir las facultades de las Cámaras cuando estas han sido disueltas o ha expirado su mandato, así como la de velar por sus poderes cuando no están reunidas. Al finalizar su mandato, deben presentar un informe con el balance de sus acuerdos.

El texto distingue entre la legalidad de una actuación y su valoración moral o política. En este caso, sostiene que la utilización de una previsión constitucional para corregir un acuerdo adoptado por el pleno puede generar reproche social y alimentar el debate jurídico sobre un posible fraude de ley.

La cuestión, de alcance estatal y seguida también desde Ourense como capital provincial, ha provocado opiniones divergentes entre juristas. Algunos analistas consideran que la maniobra supondría emplear una disposición legal para alterar un resultado que no se habría podido obtener mediante el funcionamiento ordinario del Congreso.

Información elaborada a partir de La Región.