La red eléctrica de Ourense frena nuevas industrias, pero no amenaza el suministro

La saturación de la red eléctrica provincial limita la llegada de nuevas inversiones y la expansión de empresas en Ourense, aunque no implica un riesgo inmediato de apagones para hogares y comercios. El problema está en la falta de capacidad para conceder nuevos permisos de conexión, mientras los usuarios actuales mantienen el suministro dentro de la potencia contratada.

La media tensión, normalmente de 20 kilovoltios, distribuye la electricidad desde las subestaciones hasta barrios, polígonos industriales y naves empresariales. Cuando un nudo registra 0 megavatios disponibles, la red local ha alcanzado su límite de seguridad regulatorio y no puede admitir nuevas conexiones sin actuaciones de refuerzo.

El impacto se nota especialmente en la actividad industrial. Una fábrica del polígono de San Cibrao que quiera instalar una nueva cadena de montaje, robotizar procesos o colocar cargadores para vehículos comerciales necesita aumentar su potencia. Si la subestación está saturada, la distribuidora puede rechazar la solicitud y frenar los planes de crecimiento.

La limitación también afecta a posibles proyectos en la futura ampliación de 340.000 metros cuadrados de San Cibrao. La falta de capacidad eléctrica puede convertirse en una barrera para las empresas interesadas en instalarse, con consecuencias sobre el empleo cualificado, el desarrollo industrial y la competencia de Ourense frente a otras provincias con suelo dotado de energía disponible.

El problema también puede condicionar nuevas viviendas, puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos y la electrificación de sistemas de calefacción en zonas donde la red esté al límite. Por eso, la electrificación de la economía requiere disponer antes de cables y transformadores, además de suelo y carreteras.

Las soluciones pasan por repotenciar transformadores o construir nuevas subestaciones y líneas. Si las actuaciones afectan a la alta tensión, interviene Red Eléctrica de España y se necesita la aprobación del Gobierno central dentro de sus planes quinquenales. Las licencias, las evaluaciones ambientales y las expropiaciones pueden prolongar la ejecución durante varios años.

Información elaborada a partir de La Región.