La vivienda centra el pulso político y sindical antes de la campaña electoral
La vivienda aviva el pulso político y sindical en Galicia, con una huelga general anunciada por la CIG para la primera semana de noviembre.
El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a la Diputación Permanente dos decretos sobre vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, después de que el Congreso rechazara recientemente su convalidación. El PNV garantiza su apoyo al primero, al que el Ejecutivo ha incorporado 10.000 millones de euros para préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero destinados a la compra de la primera vivienda, pero no al decreto sobre contratos indefinidos.
La maniobra, cuya legalidad defiende la izquierda y cuestiona la derecha, se produce en un contexto de creciente malestar por el acceso a la vivienda y con un evidente componente preelectoral. Los sindicatos han anunciado una huelga general, todavía sin fecha, pero prevista antes del inicio de la campaña.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sostiene que no se trata de un conflicto laboral. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, replica que la vivienda también es un problema laboral porque los salarios no permiten pagarla. En Madrid, los manifestantes reclaman no solo una vivienda, sino también que sus demandas sean tenidas en cuenta.
En Galicia, la CIG ha anunciado el paro para la primera semana de noviembre y dirige sus críticas hacia las competencias de la Xunta. El presidente gallego, Alfonso Rueda, respondió que la semana pasada ya fue cuestionado por el acto de entrega de llaves de 24 viviendas.
Las movilizaciones se mantienen también en Santiago de Compostela, donde alrededor de un centenar de tiendas de campaña ocupan el Obradoiro, mientras en Madrid se debate la continuidad de la protesta. En Barcelona, una movilización por la vivienda terminó el lunes con 13 detenidos y 30 agentes heridos.
El texto sitúa este movimiento como un posible ensayo general antes de las próximas elecciones y apunta a un escenario en el que Alberto Núñez Feijóo podría llegar a La Moncloa con Vox, según la mayoría de las encuestas salvo el CIS. Además, el juez Pablo Llarena dejó sin efecto la orden de detención contra Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional validara la amnistía por malversación en el proceso independentista catalán.
Información elaborada a partir de La Región.