La vivienda enfrenta al Gobierno con sus socios por el decreto Maricarmen

El desahucio de Maricarmen, una mujer madrileña de 87 años, ha reavivado el debate sobre la vivienda y las medidas que prepara el Gobierno. Pedro Sánchez ha defendido que la situación de la vivienda «no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad».

El Sindicato de Inquilinas, jóvenes acampados en la Puerta del Sol y algunos partidos que apoyan parlamentariamente al Ejecutivo reclaman que el denominado «decreto Maricarmen» incluya medidas más ambiciosas. Entre sus exigencias figuran la regulación de los alquileres de vivienda y de temporada, la congelación de precios, la prórroga inmediata de los contratos, una mayor protección frente a los desahucios y el control de las compras de los fondos de inversión.

El texto plantea que la vivienda combina una dimensión humanitaria e ideológica y defiende una intervención pública del mercado inmobiliario ante su incapacidad para autorregularse. También critica la falta de contundencia de los poderes públicos y la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la ley de vivienda.

Los partidos situados a la izquierda del PSOE advierten de que, si el decreto no recoge sus propuestas, «cae el rentismo o cae el Gobierno». Sin embargo, el análisis considera que esa disyuntiva es populista y sostiene que las propuestas de máximos podrían frustrar un acuerdo parlamentario.

Junts y el PNV estarían dispuestos a respaldar el decreto, que incluiría beneficios fiscales para los propietarios. La izquierda rechaza esta posibilidad, aunque el apoyo de ambas formaciones resulta determinante para aprobar la norma. El debate afecta también a los inquilinos de Ourense, como al resto de España, aunque el texto no aporta medidas ni datos específicos para la provincia.

Información elaborada a partir de La Región.