La vivienda tensiona al PSOE por las contradicciones entre discurso y patrimonio
Las informaciones sobre dirigentes socialistas con intereses inmobiliarios reabren el debate sobre la coherencia de su política de vivienda.
La estrategia del PSOE para convertir la vivienda en una de sus principales banderas electorales afronta nuevas críticas tras conocerse informaciones sobre dirigentes y representantes socialistas con intereses inmobiliarios y casos relacionados con desahucios.
El caso más destacado es el de Montse Mínguez, portavoz socialista, después de las informaciones sobre el patrimonio inmobiliario de su pareja, a quien se atribuyen hasta treinta viviendas, empresas en Panamá y una urbanización de lujo vinculada a su etapa en el Ayuntamiento de Lérida. También se apunta a un supuesto impago de impuestos. Mínguez comunicó el pasado viernes su dimisión de todos los cargos.
El texto también menciona a un diputado socialista que forma parte de la Diputación Permanente del Congreso y cuya actividad profesional, a través de un despacho de abogados, estaría relacionada con procedimientos de desahucio.
Estas informaciones han alimentado las críticas a la distancia entre el discurso del PSOE, centrado en defender a los inquilinos y promover alquileres asequibles, y las actuaciones o intereses atribuidos a algunos de sus representantes. El debate afecta a una cuestión que también preocupa en Ourense y en el conjunto de Galicia: el acceso a una vivienda y a un alquiler asequible.
El análisis reclama más viviendas, una mayor oferta de alquiler y seguridad jurídica, y cuestiona que las políticas aplicadas durante los últimos ocho años hayan logrado aliviar la situación de miles de familias y jóvenes. También sostiene que presentar a los propietarios como adversarios habría contribuido a retirar viviendas del mercado del alquiler y a elevar los precios.
Información elaborada a partir de La Región.