Ourense afronta 40 años con el planeamiento urbano sin renovar
Ourense sigue regida por un PXOM de 1986 mientras el nuevo planeamiento afronta trámites, correcciones y posibles recursos judiciales.
Ourense mantiene vigente desde el 16 de septiembre de 1986 el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que regula su desarrollo urbano. La ciudad es, según el texto, la mayor de España con más de 100.000 habitantes cuyo plan general municipal es más antiguo, después de que el Tribunal Supremo anulase en 2011 el PXOM de 2003 por irregularidades.
La falta de un marco actualizado ha limitado la disponibilidad de suelo edificable y, según estimaciones del sector inmobiliario citadas por La Región, ha supuesto la pérdida acumulada de entre 4.000 y 5.000 empleos directos e indirectos. También habría desviado cientos de millones de euros de inversión privada hacia municipios limítrofes con planeamiento vigente.
El encarecimiento de la vivienda es otra de las consecuencias señaladas. La compraventa en zonas céntricas como Paseo o Juan XXIII supera los 2.500 euros por metro cuadrado. En el alquiler, los datos oficiales de contratos y fianzas sitúan el precio medio en 593,7 euros mensuales en 2026, frente a los 344,1 euros de 2014, un aumento del 72,5%. En los portales inmobiliarios, las ofertas alcanzan entre 730 y 760 euros al mes.
Entre los proyectos afectados figura el desarrollo de Eroski en A Farixa, previsto sobre una parcela de 176.000 metros cuadrados con un hipermercado, zonas verdes, espacios terciarios, equipamientos educativos y seis bloques de hasta nueve alturas. Tras dos décadas de espera, la actuación recurrió a un instrumento de ordenación provisional y contempla unos costes iniciales de urbanización de 8,7 millones de euros.
El nuevo PXOM, aprobado inicialmente en noviembre de 2013 y provisionalmente en 2019, continúa pendiente de aprobación definitiva tras los cambios introducidos por Democracia Ourensana. La Xunta emitió en junio de 2025 un informe desfavorable por errores y datos desfasados, y el Concello destinó 92.000 euros a corregir y actualizar el documento.
El expediente fue remitido de nuevo en agosto a la Consellería de Vivenda, que dispone de cuatro meses para evaluarlo. La decisión municipal de no someter el texto a una nueva exposición pública para acortar los plazos podría provocar impugnaciones judiciales y, eventualmente, devolver la tramitación al punto de partida.
Información elaborada a partir de La Región.