Albastar suspende sus vuelos y prepara concurso de acreedores tras recibir 15 millones públicos
Albastar suspende sus vuelos y prepara concurso de acreedores tras recibir 15 millones de euros en préstamo público. Qué afecta a Palma.
La aerolínea Albastar, con sede en Palma, ha suspendido sus operaciones comerciales y prepara la presentación de un concurso voluntario de acreedores, debido a sus dificultades financieras, al encarecimiento del combustible y a una deuda que compromete la continuidad de la compañía. La decisión supone un nuevo golpe para el sector aeronáutico balear y deja en el aire el futuro de sus trabajadores y de los servicios que prestaba a los turoperadores.
La compañía había intentado encontrar un comprador que garantizara su continuidad. En el proceso de venta se recibieron tres ofertas, pero no llegó a materializarse ninguna operación. Los accionistas aspiraban a una valoración próxima a los 50 millones de euros, aunque las negociaciones no culminaron en un acuerdo.
La situación tiene especial relevancia por la financiación pública que Albastar recibió durante la pandemia. En mayo de 2022, el fondo de recapitalización FONREC, gestionado por COFIDES, aprobó un préstamo participativo de 15 millones de euros. No se trató de una subvención, sino de un instrumento financiero cuya devolución estaba sujeta a las condiciones pactadas. Cuatro años después, está pendiente de conocerse cuánto queda por devolver de ese préstamo y qué ocurrirá con su recuperación una vez formalizado el concurso.
Según los datos publicados sobre el ejercicio 2024, la aerolínea registró una facturación cercana a los 100 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 7,56 millones. Sin embargo, su patrimonio neto se situaba en negativo, con 19,69 millones de euros, mientras que el pasivo total ascendía a 43,61 millones. La compañía estaba participada mayoritariamente por EPIFI Investments, vinculada a Sherpa Capital, con alrededor del 71,1 % del capital, y por el accionista italiano IASCTA, con aproximadamente un 26 %. Estos porcentajes corresponden a la estructura accionarial conocida durante el proceso de venta y deberán contrastarse con la situación registral actual.
La suspensión abre interrogantes sobre el alcance de las obligaciones con los acreedores, la situación de los trabajadores, los compromisos con los operadores turísticos y la posible continuidad de los activos mediante una eventual venta de la unidad productiva. Para Palma, el caso afecta directamente al empleo vinculado a la aerolínea y a la conectividad aérea que da servicio a la oferta turística de la ciudad y de la isla.
El procedimiento concursal permitirá conocer con mayor precisión la dimensión de las deudas y las posibilidades de continuidad del negocio. Mientras tanto, la prioridad pasa por aclarar qué ha ocurrido con la financiación pública concedida para sostener a la aerolínea y si existe alguna alternativa para preservar parte de su actividad.
Información elaborada a partir de Ultima Hora.