Anticorrupción descarta el blanqueo en las comisiones de Aldama por las mascarillas y lo acusa de fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción concluye en un informe fechado el 30 de octubre que los 3,7 millones que percibió Víctor de Aldama por las adjudicaciones de mascarillas a Administraciones gobernadas por cargos socialistas no son ilícitos, por lo que no le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Según el fiscal Luis Pastor Motta, "no teniendo carácter ilícito las ganancias obtenidas por los contratos de adjudicación de las mascarillas covid-19 por parte de Soluciones de Gestión, ni las comisiones percibidas por Aldama, no cabe apreciar la existencia de un delito de blanqueo".

El informe señala que el Tribunal Supremo, al instruir la causa contra el exministro José Luis Ábalos, excluyó de sus pesquisas los hechos atribuidos a Koldo García y Aldama relativos a delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, que quedaron en la Audiencia Nacional. El fiscal recuerda que, aunque inicialmente se apuntó un posible blanqueo de las plusvalías de Soluciones de Gestión, destinadas a la compra de fincas rústicas en la comarca de Barco de Valdeorras (Ourense), estos hechos "no son perseguibles".

Tampoco se atribuye a Aldama el delito de aprovechamiento de información privilegiada, en línea con la sentencia del Supremo. En cuanto al envío de fondos a sociedades y cuentas en Portugal, el fiscal sostiene que no cabe apreciar blanqueo por las comisiones de las mascarillas, aunque esas transferencias forman parte de una operativa de blanqueo que investiga el juez Santiago Pedraz por un posible fraude a la Hacienda Pública a través de la operadora de hidrocarburos Villafuel SL y otras sociedades instrumentales.

Descartado el blanqueo, Anticorrupción acusa al comisionista de un delito contra la Hacienda Pública por no declarar las comisiones en su IRPF de 2020, facturadas a través de las sociedades Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. Según el escrito, la cuota que debería haber pagado ascendía a 2.410.748,95 euros, frente a los 1.624.308,20 euros exigibles tras deducir lo ingresado por el Impuesto sobre Sociedades de esas empresas. También le imputa cohecho activo continuado.

El Tribunal Supremo condenó a Aldama a cuatro años y medio de prisión, con la ejecución suspendida por su colaboración en el descubrimiento de los delitos de la organización liderada por Ábalos y Koldo García. Le absolvió del delito de aprovechamiento de información privilegiada, por lo que tampoco debe abonar la multa de 3.713.981 euros que la Fiscalía había vinculado al beneficio de los contratos de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión. Aunque el caso se juzga fuera de Baleares, la información se enmarca en la actualidad política y judicial nacional que siguen los lectores de Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.