Bélgica aprueba una ley de visitas domiciliarias que permite a la policía entrar en casas para expulsar a inmigrantes

La Cámara de Representantes de Bélgica ha aprobado este viernes la denominada ley de 'visitas domiciliarias', que permite a la policía entrar en un domicilio particular cuando se sospeche que reside allí una persona en situación irregular con orden de expulsión. Sus detractores la comparan con el ICE estadounidense. La oficina de extranjería, junto a la policía y con autorización previa de un juez, podrá acceder también a viviendas de terceros, y las personas afectadas podrán ser puestas bajo detención administrativa y trasladadas a un centro cerrado a la espera de su expulsión.

La medida se presenta como un "último recurso" y solo sería aplicable a extranjeros que representen un peligro para el orden público o la seguridad nacional, en particular por actos de extremismo, radicalismo o terrorismo, así como a quienes tengan condenas por infracciones graves. La ministra de Interior y promotora de la ley, Anneleen Van Bossuyt, ha declarado a la prensa que corresponderá a un juez de instrucción decidir si una persona representa ese peligro y ha afirmado que se trata de "violadores condenados y predicadores de odio que no pertenecen aquí".

Los jueces han sido muy críticos. El copresidente de la asociación de magistrados de instrucción, Jean-Louis Doyen, advirtió, según el diario Le Soir, que autorizar la entrada en un domicilio para ejecutar una expulsión administrativa no tiene nada que ver con una investigación judicial. El Centro Federal de Migración considera vaga la definición de riesgo para la seguridad o el orden público y señala que no existe derecho a recurso, lo que abre la puerta a la arbitrariedad. Las ONG también reclaman una protección expresa de los menores, y la Liga de los Derechos Humanos y el sindicato de magistrados sostienen que la norma vulnera la inviolabilidad del domicilio y la vida privada.

La ley se aprueba además en un contexto político delicado: formaba parte del acuerdo de un gobierno en crisis desde el lunes, cuando el primer ministro Bart de Wever presentó su dimisión al rey Felipe tras no lograr un acuerdo sobre el presupuesto. El monarca ha dado diez días a De Wever para encontrar una salida. La oposición critica que se haya sacado adelante una norma que no cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado.

La aprobación ha provocado movilizaciones, sobre todo en el sur del país, incluida una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas. Varios alcaldes han anunciado que no aplicarán la ley y se declararán ciudades refugio. Van Bossuyt les ha advertido de que no culpen al Gobierno federal si surgen problemas, acusándoles de poner en peligro la seguridad de sus propios vecinos.

Según señala el texto, buena parte de la legislación belga recoge el nuevo reglamento de retornos que la Unión Europea aprobó en octubre, el cual permite registrar personas, domicilios o lugares de trabajo ante sospechas de residencia irregular y abre la puerta a centros de expulsión fuera del territorio comunitario. Aunque se trata de una noticia de ámbito belga, interesa a Palma como parte del debate europeo sobre las políticas de expulsión.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.