Cort desmantela la acampada por la vivienda en la plaza de España sin autorización de la Delegación

El Ayuntamiento de Palma desmanteló de madrugada, de noche y sin la autorización de la Delegación del Gobierno en Baleares, la acampada por la vivienda instalada en la plaza de España. Según explica en un comunicado, la decisión se tomó "ante la falta de actuación de la Delegación del Gobierno y en cumplimiento de las ordenanzas municipales". El alcalde, Jaime Martínez, había solicitado en dos ocasiones permiso para hacerlo y se lo habían denegado.

El delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, reaccionó a través de una publicación en redes sociales, en la que expresó su "profunda preocupación" por la actuación del Ayuntamiento y aseguró que la acampada estaba amparada por el derecho de reunión y que Cort había actuado sin una petición oficial a la Delegación.

Durante el desmantelamiento, la Policía Local identificó a nueve personas y comprobó que la mayoría de las tiendas estaban desocupadas. El consistorio asegura que algunas de las personas identificadas no tenían relación alguna con la acampada. Según el Ayuntamiento, la ocupación ya no está amparada por el derecho de reunión porque se han superado de forma sustancial el plazo y las condiciones comunicadas inicialmente por los organizadores, que no preveían tiendas de campaña ni una ocupación permanente. Aun así, el Ayuntamiento afirma que respeta el derecho de reunión y manifestación, aunque no ampara una ocupación indefinida del dominio público.

La intervención se produjo un día después de que la Policía Local identificara a varios acampados y de que operarios de Emaya retiraran vallas, palets y otros elementos que delimitaban el campamento. La Plataforma Antidesahucios de Palma denunció que estas retiradas dejaban a los participantes más expuestos a provocaciones y agresiones, y anunció que exigirá responsabilidades tanto a los responsables municipales como a los agentes. Joan Segura, portavoz de la plataforma, afirmó disponer de una lista con los nombres de 18 agentes que habrían participado y calificó la orden de "manifiestamente ilegal".

Martínez ha anunciado que el Ayuntamiento estudia sancionar a los identificados por incumplir las ordenanzas de convivencia cívica y de ocupación de la vía pública, aunque él mismo ha matizado que se trata de su "opinión". Por su parte, el PSIB, a través de su portavoz en Cort, Xisco Dalmau, ha acusado al alcalde de desalojar la acampada sin competencias y ha calificado la actuación de "precedente muy peligroso" y de vulneración del derecho de reunión, además de exigir explicaciones.

Información elaborada a partir de Ara Balears.