Delegación del Gobierno niega a la Policía Local la ayuda para desalojar la acampada de la plaza de España

La Delegación del Gobierno en Baleares ha denegado al Ayuntamiento de Palma la colaboración de la Policía Nacional para desalojar de nuevo la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de España. La institución estatal respondió por escrito a una petición de la Policía Local, que había pedido agentes nacionales para labores de auxilio y para actuar en caso de altercados durante la intervención, al considerar que la protesta es legal y sigue amparada por el derecho fundamental de reunión.

El Ayuntamiento mantiene su intención de retirar la acampada. Según el texto, agentes de la Policía Local se personaron esta mañana en la plaza para identificar a las personas que se habían vuelto a instalar y sancionar a "quienes incumplan la ordenanza cívica municipal", advirtió el alcalde Jaime Martínez. Los activistas regresaron anoche y volvieron a montar tiendas de campaña tras la manifestación por el derecho a la vivienda que cerró la jornada de huelga general de este miércoles.

Delegación del Gobierno considera ilegal el desalojo que el Ayuntamiento ejecutó la semana pasada, el 4 de noviembre, y que, a su juicio, vulneró los derechos de los manifestantes. Recuerda al Consistorio que la acampada había sido comunicada a finales de septiembre y estaba amparada por el derecho de reunión. Además sostiene que, si los acampados hubieran permanecido dentro de sus tiendas y se hubieran resistido a abandonarlas, no habrían podido ser desalojados en esas condiciones.

El Consistorio justificó entonces su intervención alegando que la ocupación del espacio público había dejado de estar amparada por ese derecho al superarse el plazo y las condiciones comunicadas por los organizadores. También argumentó que actuaba en aplicación de la ordenanza cívica y ante lo que calificó de "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Aquel desalojo se desarrolló entre tensiones y protestas de los acampados, que cuestionaron su legalidad y reclamaron conocer la orden que lo autorizaba. Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes, pero no participaron en la retirada de las tiendas, siguiendo las instrucciones de la Delegación.

El nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, defendió públicamente que la acampada está "amparada por el derecho de reunión" y que los acampados están protegidos por derechos fundamentales.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.