Dos juezas de Madrid, decisiones opuestas sobre la querella contra Sofía Puente por la 'ley de nietos'

La justicia penal madrileña mantiene abierto el caso de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y promotora de la Instrucción de octubre de 2022 que permite nacionalizarse como exiliado sin acreditarlo documentalmente a los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A finales de octubre, dos juezas de Madrid adoptaron decisiones contrarias ante sendas querellas presentadas por Hazte Oír y Vox: la titular del Juzgado de Instrucción número 35, Inmaculada Lova, abrió causa por un presunto delito de prevaricación administrativa, mientras que la de la plaza número 3 la inadmitió de plano.

La clave del choque está en si el asunto constituye 'cosa juzgada'. La Instrucción ya había sido objeto de una querella idéntica presentada años antes por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que un juez archivó. Además, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en 2025 ese archivo, al considerar que Puente era competente para dictar la norma, aunque señaló que su interpretación podía ser desacertada o excedida y que eso debería corregirse en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Ministerio de Justicia ha recurrido ante la Audiencia Provincial la admisión de la querella de Hazte Oír, y confía en que prosperen sus argumentos, coincidentes con los de la Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que las querellas presentadas tras la polémica de este verano tienen identidad subjetiva y objetiva con la causa ya inadmitida, lo que impediría seguir el procedimiento. El recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que la jueza Lova podría citar a Puente como investigada o practicar otras diligencias mientras se resuelve la apelación.

Según las fuentes consultadas, la Audiencia tardará probablemente unos seis meses en decidir, hasta bien entrada la primavera de 2027. Mientras tanto, la magistrada ha dado traslado a Hazte Oír del informe fiscal que pide la inadmisión, y la organización ha presentado ya sus alegaciones. Hazte Oír defiende que debe realizarse un juicio de tipicidad sobre los hechos denunciados antes de archivar, alega que Puente nunca fue oída en el procedimiento anterior y sostiene que un sobreseimiento libre no equivale a una sentencia absolutoria con efecto de cosa juzgada.

Aunque el caso se tramita en Madrid y no afecta directamente a Palma, sí se trata de una cuestión de alcance nacional que afecta a la aplicación de una norma que puede interesar a ciudadanos de todo el país, incluidas las Illes Balears.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.