EE. UU. amplía sus sanciones contra la Corte Penal Internacional
EE. UU. anuncia nuevas sanciones contra la CPI, que denuncia un ataque al Estado de derecho. La UE lamenta la decisión y ofrece diálogo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una medida que profundiza la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal. El anuncio se produce después de conocerse el Premio Nobel de la Paz concedido a la exjueza de la CPI Navi Pillay por su defensa de la paz y la justicia internacional.
Washington acusa a la CPI de ser un organismo «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, fue sancionada el pasado agosto, junto con otros jueces y fiscales, en represalia por la investigación abierta a Israel por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado que Estados Unidos ha sancionado ya a 17 personas y ha defendido las nuevas medidas como una forma de proteger la soberanía del país. «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», ha afirmado en un vídeo difundido en redes sociales.
Rubio también ha asegurado que Washington prohibirá las transacciones con la CPI para limitar sus recursos y ha advertido de que la Administración Trump no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos estadounidenses. «Vamos a desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo», ha declarado.
La Corte ha rechazado «firmemente» las sanciones y las ha definido como «un ataque al Estado de derecho» destinado a perturbar su funcionamiento e intimidar a sus trabajadores. El tribunal ha recordado que fue creado mediante un tratado internacional y que cuenta con 125 países miembros.
La Unión Europea ha considerado «lamentable» la decisión y ha reafirmado su compromiso con la CPI. La Comisión Europea ha asegurado que colaborará con el tribunal para que pueda continuar investigando y enjuiciando crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bruselas ha señalado que el plazo de seis meses antes de la aplicación de las medidas deja margen para el diálogo, un asunto de interés internacional que también se sigue desde Palma como capital de las Illes Balears.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.