El Congreso votará los decretos de vivienda el 12 de noviembre, en vísperas de la campaña

La Diputación Permanente del Congreso votará el próximo jueves los dos decretos con medidas de vivienda. El primero, que concentra el grueso de las iniciativas, saldrá adelante salvo sorpresa de última hora. El segundo, que contempla la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, está prácticamente abocado al fracaso ante la negativa anunciada por varios socios del Gobierno.

El debate se celebrará un día después de la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos para el miércoles y en vísperas del arranque de la campaña electoral del 29 de noviembre. Más de un mes después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral tras la derrota parlamentaria de ambos decretos a manos de PP, Vox y Junts, el Gobierno vuelve a intentarlo con el objetivo de llegar a las urnas con nuevos argumentos.

Esta vez, con las Cortes disueltas, las normas se someterán a votación en la Diputación Permanente, un órgano con una composición ligeramente distinta a la aritmética del Pleno. Así, el voto en contra de Junts deja de ser decisivo, lo que permitirá al Ejecutivo apoyarse en el resto de sus socios para sacar adelante al menos uno de los decretos.

El primero cuenta con el aval del Gobierno, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, que ostenta la portavocía del grupo mixto. Limita determinadas compras especulativas de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos, refuerza la suspensión de desahucios de familias vulnerables, permite prorrogar algunos alquileres hasta dos años adicionales y limita las actualizaciones de renta hasta finales de 2027. También introduce incentivos fiscales para ampliar el parque de vivienda asequible y nuevos recargos del IBI para determinados pisos turísticos.

No ocurre lo mismo con el segundo real decreto-ley, el más ambicioso y impulsado por Sumar. Establece que los contratos de alquiler se renueven automáticamente por periodos sucesivos de cinco años, o siete si el propietario es una empresa, salvo que alguna de las partes comunique su intención de no renovarlos. Además, obliga al propietario a avisar con seis meses de antelación y, con determinadas excepciones, a indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades si decide poner fin al contrato. El PNV ya anunció que se opondrá, por lo que sus votos, sumados a los de PP, Vox y Junts, tumbarían el texto.

Ese mismo jueves se debatirán otros tres reales decretos-leyes: ayudas económicas extraordinarias a Ceuta, medidas para reforzar la protección de la Seguridad Social y determinadas prestaciones sociales, y un paquete de indemnizaciones y ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, que también contempla mecanismos para limitar las subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.