El Constitucional decidirá si restituye el voto a 163.020 nacionalizados
El pleno del Constitucional decidirá si levanta la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados con la ley de nietos.
El pleno del Tribunal Constitucional decidirá sobre la medida cautelarísima solicitada por el Defensor del Pueblo para levantar la suspensión del derecho de voto de 163.020 españoles nacionalizados mediante la llamada «ley de nietos». La medida fue acordada por el Tribunal Supremo para garantizar la limpieza del censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).
La decisión ha sido adoptada por la sección integrada por los magistrados Enrique Arnaldo, Ramón Sáez y María Luisa Balaguer. Fuentes del Constitucional citadas por El Periódico señalan que previsiblemente el pleno se pronunciará este miércoles.
El Defensor del Pueblo acudió el pasado viernes por la noche al Constitucional para que resolviera con urgencia y sin escuchar previamente a las partes si deben levantarse las medidas acordadas por el Supremo en septiembre y confirmadas el día 12. El alto tribunal justificó la suspensión porque «la limpieza y pulcritud de un censo constituye un valor supremo del que debe despejarse la más mínima duda», un criterio que, según sus resoluciones, debe «prevalecer sobre el derecho de voto» de los afectados.
La suspensión afecta a personas nacionalizadas con la ley de nietos que no pudieran acreditar ser descendientes de exiliados. La Abogacía del Estado sostuvo que era «materialmente imposible» comprobar cada caso, especialmente ante el adelanto electoral y el plazo limitado hasta las elecciones del 29 de noviembre.
Tras conocerse la impugnación, las acusaciones personadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo solicitaron comparecer ante el Constitucional para oponerse a la medida. Hazte Oír también ha pedido al Supremo y a la Junta Electoral Central que los sobres afectados sean identificados y custodiados por separado, además de conservar la documentación y los registros correspondientes.
La resolución se seguirá con atención desde Palma como capital de Balears, aunque el conflicto afecta al censo de españoles residentes en el exterior y no se detallan en la información las personas afectadas específicamente en la isla.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.