El debate político balear se atasca entre reproches y respuestas evasivas

El pleno del Parlament balear volvió a evidenciar, según el análisis de Ara Balears, la dificultad de los grupos políticos para mantener un debate centrado en las preguntas planteadas. Las intervenciones abordaron la climatización de los centros educativos, la regularización de inmigrantes, el Pacto por la Sostenibilidad y las políticas de vivienda.

La diputada del PSIB Amanda Fernández pidió explicaciones al conseller de Educación, Antoni Vera, por las altas temperaturas en las aulas al inicio del curso. Vera respondió aludiendo a un recorte de 309 millones de euros del Gobierno central en Educación y aseguró que el PP no encontró ningún proyecto de climatización ejecutado en 2023. El plan citado por Fernández contempla la licitación de proyectos para mejorar la climatización de 12 centros, de los cerca de 300 existentes en las Balears.

En otra intervención, el socialista Carles Bona preguntó a la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, si compartía la opinión favorable de las patronales sobre la regularización de inmigrantes. Cabrer afirmó que el Govern respeta todas las opiniones y volvió a defender que se regularizan demasiadas personas en las islas. También señaló que 1.033 migrantes se habían inscrito en el SOIB y que el 90% estaba en paro y solo tenía estudios primarios, según recogió el texto.

El Pacto por la Sostenibilidad también centró parte de la sesión. Cabrer negó que la iniciativa se haya quedado con pocos participantes, pese a las salidas del Fòrum de la Societat Civil, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, el GOB y EAPN entre noviembre y diciembre de 2024. Ante las preguntas del diputado socialista Llorenç Pou, la consellera desvió parte de su respuesta hacia Aena y las ampliaciones aeroportuarias.

La vivienda protagonizó otro enfrentamiento entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Prohens acusó a la formación de querer expropiar las viviendas vacías de los mallorquines, aunque el artículo sostiene que Apesteguia había planteado que, en municipios donde más de la mitad de las casas están vacías, se pudiera limitar durante diez años la compra a personas residentes y evitar la adquisición por parte de empresas.

El contenido afecta al conjunto de las Illes Balears y tiene especial interés para Palma por la participación de representantes de la isla y por asuntos como la vivienda, el empleo, la educación y el Pacto por la Sostenibilidad, que también condicionan el debate político de la capital balear.

Información elaborada a partir de Ara Balears.