El nuevo decreto de vivienda enfrenta al PSOE con sus socios de izquierdas

El Gobierno negocia aprobar este martes un nuevo decreto de vivienda tras el caso Maricarmen, pero algunas de las medidas reclamadas por Sumar y el Sindicato de Inquilinas afrontan la oposición del PSOE y dudas sobre su viabilidad. Entre ellas figuran la renovación automática de los contratos de alquiler y la expropiación de viviendas de fondos y grandes propietarios.

El decreto, todavía sujeto a negociación y pendiente de reunir una mayoría parlamentaria en la que resulta imprescindible Junts, prevé reforzar la protección frente a los desahucios y limitar la compra especulativa por parte de fondos. También contempla prórrogas para determinados contratos, una regulación más estricta del alquiler de temporada, aplicar el IVA a los pisos turísticos y ofrecer bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios que reduzcan las rentas.

La propuesta incluye además ayudas para facilitar la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal para evitar futuras ventas y una rebaja del IVA para construir vivienda protegida con calificación permanente. Estas medidas se negocian en un contexto de división dentro del bloque de izquierdas sobre el alcance de la intervención pública en el mercado residencial.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclama que, tras los cinco o siete años iniciales, los contratos se renueven automáticamente y que el propietario solo pueda recuperar la vivienda por una causa justificada. Su portavoz, Carme Arcarazo, ha defendido equiparar estos contratos a los indefinidos laborales. Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, advirtió: "Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres".

Sumar ha asumido esta reivindicación y ha reclamado al PSOE la renovación automática, mientras amenaza con no respaldar al ala socialista si el decreto no es suficientemente ambicioso. El PSOE ya rechazó esta primavera avanzar hacia contratos sin fecha de finalización por considerar que podría reducir la oferta, elevar los precios, desincentivar la rehabilitación y retirar viviendas del mercado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el modelo alemán "tampoco ha resuelto gran cosa".

La otra gran discrepancia son las expropiaciones. Sumar pidió expropiar el piso donde vivía Maricarmen después de que la empresa propietaria rechazara las negociaciones para evitar el desahucio. Puente ha recordado que sería obligatorio indemnizar a los propietarios y calculó que expropiar 650.000 viviendas costaría 130.000 millones de euros si cada una se valorase en 200.000 euros, o 65.000 millones con un precio medio de 100.000 euros, una operación que calificó de "económicamente inviable". El debate también afecta a los hogares de Palma, dentro de la negociación estatal sobre el acceso a la vivienda.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.