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El Defensor del Pueblo no podrá acudir al TC antes de las elecciones del 29-N

El Defensor del Pueblo deberá esperar al final del proceso en el Supremo para recurrir ante el TC la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tendrá que esperar a que concluya la vía judicial en el Tribunal Supremo antes de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del voto de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’. La medida afecta a 163.020 españoles residentes en el extranjero y dificulta que puedan participar en las elecciones del 29 de noviembre.

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha acudido al Defensor del Pueblo para intentar revertir la decisión del Supremo. Sin embargo, el Constitucional aplica también en estos casos la regla general de subsidiariedad: primero deben agotarse todos los recursos previstos en la vía judicial ordinaria.

El artículo 44 de la ley reguladora del Tribunal Constitucional establece que el amparo contra decisiones judiciales solo puede plantearse después de completar esos trámites. Además, la vulneración de derechos debe haberse denunciado durante el proceso y el recurso debe presentarse en un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución definitiva.

El Supremo todavía no ha resuelto el fondo del asunto. El 10 de septiembre suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y el pasado día 12 confirmó la medida al rechazar los recursos de reposición de la Abogacía del Estado.

La suspensión no afecta a quienes obtengan de los Registros Consulares una certificación que acredite que cumplen los requisitos previstos. El Supremo también ha ordenado publicar sus autos en el tablón de edictos judiciales y en el Boletín Oficial del Estado. Hasta esa publicación no comenzará el plazo de cinco días para que los afectados puedan personarse en el procedimiento.

Fuentes del Tribunal Constitucional consideran prematuro intervenir mientras el asunto siga en trámite ante el Supremo y señalan que la cuestión jurídica debe resolverse en ese tribunal. La decisión afecta a españoles residentes en el extranjero, también vinculados a Balears, aunque el texto no detalla un impacto específico en Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.

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