El GOB condiciona su regreso al Pacte a recuperar dos artículos de la ley ambiental

El GOB Mallorca y Terraferida volverán al Pacte per la Sostenibilitat si el Govern recupera los artículos 7 y 8 de la Ley 10/2023, de bienestar de las generaciones presentes y futuras de Baleares. La propuesta fue trasladada a la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y al director general de Diálogo Social y Transición Económica.

La reunión da continuidad al encuentro mantenido recientemente con la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de que el Ejecutivo invitara al GOB a reincorporarse al pacto. La entidad reclama restituir dos artículos que fueron eliminados posteriormente de la norma.

El artículo 7 establecía un informe de evaluación sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los anteproyectos de leyes de presupuestos, mientras que el artículo 8 fijaba un informe anual sobre el impacto de las políticas públicas. Según el GOB, su supresión eliminó dos instrumentos esenciales para aplicar la ley.

Durante el encuentro, representantes del Govern explicaron el trabajo desarrollado en el pacto, estructurado en doce ámbitos y con más de un centenar de propuestas seleccionadas entre las presentadas. El GOB valoró el esfuerzo y la participación, pero defendió que la sostenibilidad debe medirse por la capacidad de las políticas para reducir las presiones sobre el territorio, los recursos y la población.

La organización vinculó esta posición a problemas como la saturación turística, el acceso a la vivienda, la congestión, el consumo de agua y energía, los residuos, la artificialización del territorio y la pérdida de calidad de vida. Su presidente, Joan Moranta, afirmó que no se pueden resolver los efectos del crecimiento «con más crecimiento» y pidió adaptar la economía a los límites y recursos disponibles de las islas.

Moranta señaló que recuperar los artículos 7 y 8 sería un gesto concreto para incorporar la sostenibilidad y la justicia intergeneracional a las decisiones públicas. El GOB considera que esta medida permitiría pasar de las declaraciones de voluntad a compromisos verificables y abrir una nueva etapa de diálogo en Baleares, una cuestión que afecta también al debate territorial y ambiental de Palma.

Información elaborada a partir de dBalears.