El Gobierno acelera las reglas sobre la información previa al aborto
El Gobierno tramita con urgencia una norma estatal sobre la información previa al aborto y prevé aprobarla antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará la información que debe recibir una mujer antes de interrumpir su embarazo. El Gobierno pretende aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, según fuentes del Ministerio de Igualdad.
La norma busca que todas las mujeres reciban, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada a la legislación vigente. El proyecto diferencia entre la información obligatoria y la voluntaria, que solo se facilitará si la mujer la solicita y nunca será un requisito para acceder a la prestación.
Entre la información obligatoria figurarán la naturaleza de la intervención, los métodos quirúrgico y farmacológico, los centros públicos y privados acreditados, los trámites y los derechos durante el proceso asistencial. El borrador establece que no podrá darse preferencia a uno de los métodos salvo por las circunstancias clínicas de la paciente.
En los abortos realizados después de las 14 semanas por causas médicas, la mujer deberá recibir información sobre los procedimientos disponibles para escoger el más adecuado. También tendrá que ser informada, antes de consentir, sobre la documentación clínica, los riesgos y las consecuencias de cada intervención.
La anticoncepción, el sexo seguro, las ayudas públicas y los derechos laborales quedarían dentro de la información voluntaria. El texto prevé además medidas para facilitar el acceso a la información de menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.
El proyecto también modifica el comité clínico que interviene en los abortos por causas médicas. Su composición deberá mantener una presencia equilibrada de mujeres y hombres y no podrán integrarlo personas inscritas en el registro de objetores ni quienes lo hayan estado durante los tres años anteriores. La medida, de alcance estatal, también afectaría a la atención sanitaria que reciben las mujeres en Baleares y, por tanto, a las residentes en Palma.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.