El Gobierno aprueba nueve medidas de vivienda con impacto especial en Baleares
El Gobierno aprueba nueve medidas de vivienda, incluida la regulación del alquiler de temporada, con especial impacto en Baleares.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos con medidas de vivienda, después de la contestación social provocada por el desahucio de Maricarmen, una octogenaria residente en Madrid. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha detallado las principales actuaciones, aunque su aprobación definitiva en el Congreso afronta dificultades por la falta de acuerdo entre el PSOE y Sumar.
Una de las medidas plantea una prórroga obligatoria de dos años para los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes de 2028, siempre que se cumplan las condiciones previstas. También se propone ampliar el escudo antidesahucios hasta 2023 para que las personas vulnerables no sean desalojadas sin una alternativa habitacional.
El Gobierno prevé regular los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar que se utilicen para eludir las garantías del alquiler residencial. El texto también contempla un mayor control sobre los pisos turísticos y los alquileres ilegales, una cuestión especialmente relevante para Baleares.
Entre las medidas económicas figura impedir que los fondos de inversión conocidos como fondos buitres compren viviendas hasta 2028 y reordenar la fiscalidad de las Socimi para orientar sus inversiones hacia la vivienda asequible. Además, se plantean bonificaciones en el IRPF para inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales e incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres asequibles.
El paquete incluye asimismo ayudas para familias y jóvenes que compren su primera vivienda sin contar con ahorros suficientes, así como un impulso a la vivienda pública mediante, entre otras actuaciones, la rebaja del IVA al tipo superreducido del 4 % para la promoción pública y la vivienda protegida.
La última medida prevé duplicar el IBI de las viviendas vacías durante más de tres años, aunque su aplicación dependerá de los ayuntamientos. Uno de los decretos recoge las reivindicaciones de Sumar y podría decaer si no obtiene apoyos en el Congreso, mientras que el otro necesitaría, entre otros, los votos de Podemos.
Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.