El Gobierno busca apoyos para su nuevo decreto de vivienda

El Gobierno sigue sin acercar posturas con sus socios sobre el nuevo decreto de vivienda, que deberá superar la votación del Congreso después de que hayan fracasado dos intentos anteriores. ERC y Sumar reclaman medidas como los alquileres indefinidos con prórrogas automáticas, mientras que PNV y Junts piden evitar posiciones maximalistas y garantizar seguridad jurídica a los pequeños propietarios.

El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada en la Puerta del Sol, también considera prioritarias las prórrogas automáticas y reclama expropiaciones forzosas a fondos en casos de desahucio como el de ‘Maricarmen’. Desde el espacio situado a la izquierda del PSOE creen que las propuestas del Ministerio de Vivienda están todavía “muy lejos” de sus demandas.

Sumar ha advertido de que podría no respaldar el decreto si no incluye la revisión automática de los contratos, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y límites a las rentas. Su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que las prórrogas entren en vigor desde el mismo día de la publicación de la norma en el BOE.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha reclamado prórrogas de alquileres, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y medidas contra el fraude turístico. “No vamos a dar por bueno un decreto que no esté a la altura de la emergencia que vivimos”, afirmó.

El PSOE ha planteado bonificaciones fiscales para los propietarios que reduzcan los alquileres, una opción que rechaza Podemos. La propuesta diseñada en julio contemplaba una deducción de hasta el 100% del rendimiento neto si el nuevo contrato suponía una rebaja superior al 5% y se cumplían determinadas condiciones, además de incentivos menores para congelar o subir moderadamente las rentas.

El PNV coincide con Junts en la necesidad de proteger a los pequeños propietarios, aunque también defiende actuar contra los fondos buitre. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reclamado acuerdos y ha advertido de que, si no se alcanza un texto “aceptable para todos”, aumentarán la frustración y el enfado de la población. El debate estatal afecta también a Palma por el impacto de las decisiones sobre alquileres, desahucios y vivienda en el conjunto de las islas.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.