El Gobierno reduce a tres meses el plazo legal para responder a las solicitudes de dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que reduce de seis a tres meses el tiempo máximo legal en el que las comunidades autónomas deben responder a las solicitudes de prestaciones del Sistema de la Dependencia. La medida busca acortar las esperas, uno de los principales problemas del sistema: a 30 de septiembre, la espera media en el conjunto del país era de 293 días, más de nueve meses, con Murcia a la cabeza, con 529 días, y Aragón como la comunidad con la gestión más ágil, con 109 días.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es armonizar y agilizar los tiempos de respuesta y reducir las amplias listas de espera. La norma consolida el nuevo modelo de financiación aprobado en la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, y prevé que la inversión estatal alcance en 2027 la cifra histórica de 7.240 millones de euros entre el nivel mínimo y el nivel acordado, lo que permitirá que la Administración General del Estado financie el 50% del total.

El real decreto-ley también modifica la regulación de la teleasistencia, que pasa a considerarse un servicio universal, independientemente del grado de dependencia reconocido, y garantiza su prestación las 24 horas del día, todos los días del año. Además, amplía la definición del servicio de ayuda a domicilio para que pueda prestarse fuera de la vivienda y admite que lo compartan varias personas usuarias, sin que ello reduzca la intensidad de la atención individual reconocida.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió en rueda de prensa que esta fórmula es especialmente útil en el ámbito rural o para personas que viven en un mismo edificio. Bustinduy consideró que el decreto consolida la refundación del sistema de dependencia, el cambio del modelo de cuidados y una inyección de fondos sin precedentes.

El Ejecutivo pretende que la Diputación Permanente del Congreso convalide la norma antes de las elecciones para evitar que decaiga. Aunque se trata de una medida de ámbito estatal que afecta a todas las comunidades, es relevante para Palma y para Baleares en la medida en que el reconocimiento de estas prestaciones depende de la gestión autonómica y de los plazos que afronten las personas en situación de dependencia de la isla.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.