El Govern y Vox avalan el desalojo de la plaza de España en Palma tras 38 días de acampada

El Govern del PP y Vox han cerrado filas en defensa del desalojo de los manifestantes acampados en la plaza de España de Palma, una intervención que el Ayuntamiento, presidido por el popular Jaime Martínez, llevó a cabo tras una acampada de 38 días. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, y el diputado de Vox Sergio Rodríguez rechazaron las críticas del PSIB y de la Delegación del Gobierno y defendieron la legalidad de la actuación municipal.

Estarellas sostuvo que el Ayuntamiento no impidió el derecho de manifestación, sino que retiró una ocupación de la vía pública que, según dijo, incumplía la ordenanza municipal, generaba molestias a vecinos y viandantes y planteaba problemas de salubridad. La vicepresidenta afirmó que la acampada «no es ni una reunión ni una concentración» y consideró «de pura lógica» la decisión del Consistorio.

Rodríguez, por su parte, expresó su «total apoyo» a la Policía Local de Palma, a la que calificó de «absolutamente impecable» en su actuación, y dirigió sus críticas contra el delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, al que llamó «lacayo del Gobierno» y «delegado tuitero». Según el diputado, la preocupación debería centrarse en los vecinos que no podían descansar o pasear por la plaza, y no en los participantes de la protesta, a quienes se refirió como «milicias de Sánchez».

Desde el PSIB, la diputada Mercedes Garrido exigió al Govern que se posicione y acusó al Ayuntamiento de un «claro abuso de autoridad». Garrido recordó que la Delegación del Gobierno había comunicado al Consistorio que se desarrollaba una manifestación y que entre los acampados había personas desalojadas previamente de la antigua cárcel de Palma. Sostuvo que el espacio ocupado tenía la consideración de domicilio, por lo que su desalojo vulneraría la inviolabilidad del domicilio y el derecho de manifestación, y señaló directamente a quien dio la orden: «Quien dio la orden fue quien cometió el delito».

El debate se produjo durante la sesión de control al Govern en el Parlament, donde ambas posiciones quedaron enfrentadas sin que se haya dirimido todavía la cuestión jurídica de fondo. Para Palma, la polémica afecta directamente al uso de la plaza de España, un espacio céntrico, y al equilibrio entre el derecho de protesta y la convivencia vecinal.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.