El jurado declara culpables a un teniente general y a un empresario por cohecho
Un jurado declara culpables a un teniente general jubilado y a un empresario por cohecho en obras de cuarteles de la Guardia Civil.
Un jurado popular ha declarado culpables este miércoles al teniente general jubilado de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario canario Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon’, por delitos de cohecho relacionados con contratos menores de obras en al menos 13 comandancias españolas entre 2014 y 2019.
Según las acusaciones, Jarava recibió viajes, entradas para partidos de fútbol y dinero en efectivo a cambio de favorecer las adjudicaciones. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares mantienen su petición de un año de prisión para ambos, mientras que las defensas solicitaron la absolución y alegaron que el procedimiento respondía a una supuesta venganza de otros mandos de la Guardia Civil.
Las obras estaban destinadas a solucionar problemas de humedad en las fachadas de varios cuarteles mediante la aplicación de ‘corcho proyectado’. La Fiscalía sostiene que los trabajos se ejecutaron en muchos casos de forma inadecuada y que el empresario fue elegido pese a que sus trabajadores carecían de la preparación técnica necesaria.
Tejera de León habría facturado más de 1,3 millones de euros a través de las empresas Canarykork, Angrasorcur y Solocorcho por trabajos realizados para distintas comandancias, especialmente durante noviembre y diciembre de 2016. A cambio, habría pagado, entre otros beneficios, viajes para la familia de Jarava, una estancia en Milán para asistir a la final de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus y entregas de dinero en metálico.
Jarava ocupó entre 2016 y 2017 el cargo de subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, desde el que dirigía y coordinaba recursos financieros y materiales. La investigación comenzó en mayo de 2018, después de que un escrito anónimo llegara a la Secretaría de Estado de Seguridad y fuera remitido a Asuntos Internos.
La resolución afecta a una trama de ámbito estatal y no consta en el texto que haya contratos o instalaciones de Palma implicados. Su interés para los vecinos de la capital balear se centra en el alcance de la presunta corrupción dentro de un cuerpo con presencia en el conjunto de las Islas Baleares.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.