El Supremo valorará si paraliza las elecciones por la ley de nietos
El Supremo estudiará la petición de Iustitia Europa para suspender las elecciones del 29 de noviembre por el caso de la ley de nietos.
El Tribunal Supremo estudiará la petición de Iustitia Europa para suspender cautelarmente las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno. La solicitud se relaciona con el procedimiento sobre la denominada ley de nietos, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante el franquismo.
El partido presidido por Luis María Pardo reclama que la convocatoria electoral quede paralizada durante el tiempo «estrictamente indispensable» para garantizar la ejecución efectiva del auto dictado por el Supremo el pasado 10 de septiembre.
En esa resolución, el alto tribunal suspendió determinados efectos electorales a petición de Iustitia Europa y Vox, con el objetivo de evitar un aumento del censo y de impedir, mientras se resuelve el procedimiento, el voto de descendientes de españoles residentes en el extranjero que hubieran obtenido la nacionalidad por esta vía.
La petición también se apoya en el reconocimiento de la Abogacía del Estado de que resulta materialmente imposible identificar y escuchar, antes de los comicios, a las personas que han adquirido la nacionalidad mediante la ley de nietos. Los recursos de Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír lograron paralizar sus inscripciones en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) cuando no acreditasen ser descendientes de represaliados por el franquismo.
Según los servicios jurídicos del Estado, la cercanía de las elecciones del 29 de noviembre impide localizar cuáles de los más de 163.000 nuevos electores incluidos en el censo cerrado a 1 de agosto obtuvieron la nacionalidad por esta vía, en cumplimiento de una disposición de la Ley de Memoria.
Iustitia Europa considera que la convocatoria electoral es una circunstancia sobrevenida que cambia sustancialmente el escenario en el que se aprobaron las medidas cautelares. Su escrito invoca los artículos 129.1 y 132.1 de la legislación contencioso-administrativa, que permiten adoptar medidas para asegurar la efectividad de una sentencia y adaptarlas cuando cambian las circunstancias.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.