El Supremo ve irregularidades de gran relevancia en el censo exterior y mantiene suspendido el voto de los nacionalizado

El Tribunal Supremo sostiene que, a medida que avanza el procedimiento sobre la llamada 'ley de nietos', aprecia cada vez más "irregularidades de gran relevancia" en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA). Por ese motivo, no ve razón para levantar la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por esta vía de cara a las elecciones del 29 de noviembre, aunque no la acordó para sus hijos. Según el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los indicios encontrados pueden tener efectos sobre los resultados.

Entre los datos citados figura la información de la Abogacía del Estado, según la cual solo 901 de las 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad por esta vía acreditaron que sus antecesores fueron exiliados. La instrucción de Justicia de 25 de octubre de 2022 permitía prescindir de esa acreditación cuando la emigración se produjo entre el 18 de julio de 1936 y diciembre de 1955. El certificado del cónsul general en Buenos Aires señala que 17.775 personas obtuvieron la nacionalidad al amparo de esa disposición sin que ningún expediente incluyera prueba de exilio.

El tribunal considera que estas cifras "son lo suficientemente elocuentes" y que la interpretación realizada por la instrucción "no parece ajustarse" al texto de la norma aprobada en el Congreso, lo que afecta a la regularidad del censo electoral. Además, la Abogacía del Estado facilitó los datos identificativos de los nuevos inscritos y su distribución en las 52 circunscripciones, lo que, según el auto, plantea un riesgo serio de que su participación afecte a la limpieza del proceso y al resultado de las elecciones.

El auto subraya que el derecho de sufragio es de configuración legal y que corresponde a la ley electoral fijar sus condiciones de ejercicio. El ponente, Antonio Narváez, insiste en que el escrutinio debe ser transparente y conforme a la legalidad. La Sala admitió como codemandadas a las asociaciones y personas que acreditaron interés legítimo, pero rechazó sus alegaciones, al considerar que privar de un derecho y suspender su ejercicio son figuras jurídicas distintas. Según el tribunal, a los afectados no se les priva del derecho de voto, sino que se suspende cautelarmente su ejercicio.

La noticia tiene un alcance estatal, ya que afecta al censo de todas las circunscripciones electorales. Para los lectores de Palma, su interés es indirecto: el resultado de los comicios del 29 de noviembre se decide en el conjunto del país, y las dudas sobre el censo exterior pueden influir en el escrutinio y la adjudicación de escaños.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.