El TSJC confirma la expulsión de un senegalés con tres condenas por tráfico de drogas
El TSJC avala la expulsión de un senegalés de 44 años con tres condenas por tráfico de drogas, dos dictadas en Ibiza. La sentencia aún admite casación.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado la expulsión de España de un ciudadano senegalés de 44 años, residente de larga duración, que acumula tres condenas por tráfico de drogas, dos de ellas dictadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. La Sala considera que la reiteración de sus conductas permite apreciar una amenaza «real, actual y suficientemente grave» para el orden y la seguridad públicos. La sentencia desestima el recurso contra una resolución de expulsión que fijaba un periodo de cinco años y confirma el pronunciamiento de primera instancia.
El afectado alegaba su arraigo social, laboral y familiar en España: vive en el país desde hace más de diez años, tiene una autorización de residencia de larga duración desde mayo de 2015, dos hermanos con residencia legal y varios años de trabajo, con 1.740 días cotizados a la Seguridad Social. La Sala reconoce que ese historial laboral es «un dato positivo», pero considera que no basta para impedir la expulsión. Según la sentencia, el hombre llegó de forma irregular en 2006, está casado y tiene dos hijos, aunque su mujer y los menores residen en Senegal. Sus dos hermanos viven en Madrid, si bien no consta una relación especialmente estrecha con ellos, por lo que el TSJC considera su arraigo familiar en España «débil».
El elemento decisivo es su historial penal. Dos de las condenas, dictadas el 21 de octubre de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, corresponden a hechos de 2017 y 2018 y suponen, en cada caso, un año y medio de prisión suspendida durante dos años y una multa de 380 y 407 euros. La tercera, de la Audiencia Provincial de Baleares, es por hechos de junio de 2019 y también fija un año y medio de prisión. Cuando se abrió el expediente de extranjería, en mayo de 2025, el hombre cumplía condena en el Centro Penitenciario Tenerife II.
La Sala subraya que ninguno de estos antecedentes estaba cancelado y destaca una «reiteración delictiva específica». Recuerda, además, que la normativa europea considera el tráfico de drogas una forma especialmente grave de criminalidad. También pesa que, en octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Baleares tuvo que dictar una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para ejecutar la última condena, lo que, según los magistrados, impide acreditar una corrección de conducta y una plena integración social.
La resolución, que desestima la apelación, todavía puede ser recurrida en casación. Aunque los hechos se han juzgado en Canarias y las condenas de Ibiza y Baleares, la noticia tiene interés para Palma por tratarse de un caso de la comunidad autónoma y de delitos juzgados en las Islas Baleares.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.