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Economia

Enagás gana otro pulso al Ciadi contra Perú y podrá repatriar unos 160 millones

El Ciadi da otra vez la razón a Enagás frente a Perú y le permite repatriar unos 160 millones de euros retenidos en el país andino.

Redacción automática · Palma 2 min de lectura

El grupo gasista Enagás ha obtenido una nueva victoria en su larga batalla legal con Perú. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje vinculado al Banco Mundial, le ha dado de nuevo la razón y reconoce su derecho a repatriar 178 millones de dólares, unos 160 millones de euros, que tenía retenidos en el país andino.

Se trata de un doble frente jurídico que la compañía, dirigida por Arturo Gonzalo Aizpiri y centrada ahora en concentrar sus negocios en España y Europa, ha mantenido abierto durante años contra el Gobierno de Lima. El año pasado, el mismo tribunal ya había condenado a Perú a indemnizar a Enagás con 302 millones de dólares, unos 272 millones de euros.

En concreto, el Ciadi respalda a la energética en el procedimiento sobre sus inversiones en las sociedades peruanas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA). La resolución ordena al Gobierno peruano permitir la transferencia de 113 millones de dólares en dividendos bloqueados procedentes de su participación en TGP y obliga a devolver una fianza de 65 millones de dólares. Además, Perú deberá asumir las costas procesales de Enagás, de 4 millones de dólares.

Según explica la compañía, las cantidades liberadas ya estaban contabilizadas en sus cuentas, por lo que no tendrán impacto contable, más allá de poder disponer de ellas libremente. Enagás reiteró su voluntad de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno peruano para ejecutar el laudo de forma satisfactoria para ambas partes.

El otro gran frente es el del Gasoducto Sur Peruano (GSP), proyecto fallido en el que el tribunal también dio la razón a la empresa española. Tras un recurso de Enagás, la indemnización pasó de 194 a 302 millones de dólares, cantidad que aún está pendiente de cobro. La compañía calcula que el pago no será inmediato y que podría hacerse efectivo en torno a 2030. Por su parte, el Gobierno peruano ha pedido la anulación de ese laudo, y el consejero delegado, Arturo Gonzalo, avanzó que la decisión sobre ese recurso podría llegar hacia el primer trimestre de 2027.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.

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