Garamendi pone en duda la legalidad del paro por la vivienda
Garamendi cuestiona el encaje legal del paro por la vivienda, mientras UGT defiende su vínculo con el coste residencial de los trabajadores.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la legalidad de la huelga general por la vivienda anunciada para este otoño por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. En declaraciones a Onda Cero, ha afirmado que la movilización tiene un «claro componente político y electoral» y que podría no tener encaje jurídico al no responder, a su juicio, a un conflicto estrictamente laboral.
Garamendi ha señalado que los convocantes habrían tenido que buscar cómo vincular la protesta con el ámbito laboral y ha recordado que la legislación relaciona el derecho de huelga con este tipo de conflictos. También ha rechazado que las empresas sean responsables del encarecimiento y la escasez de vivienda, y ha reclamado centrar el debate en la falta de oferta y en las políticas aplicadas durante los últimos años.
El presidente de la patronal ha considerado inusual que la movilización se plantee en el contexto de la convocatoria electoral del 29 de noviembre. «Parece que se monta una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno», ha ironizado. Asimismo, ha diferenciado al Sindicato de Inquilinas de CCOO y UGT al considerar que se trata de una asociación y no de un sindicato laboral tradicional.
Preguntado sobre si la huelga podría ser ilegal, Garamendi ha respondido que «perfectamente», aunque la convocatoria todavía no se ha concretado formalmente y no se conocen sus fechas ni condiciones. La CEOE esperará a que se publique para analizar sus fundamentos jurídicos. También ha advertido del impacto que un paro puede tener en las pequeñas empresas.
El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha respaldado esta posición y ha afirmado que la protesta «no tiene un carácter laboral por mucho que se quiera maquillar». Frente a estas críticas, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido una «jornada de lucha» con paros laborales y ha vinculado el problema de la vivienda con la renta disponible de los trabajadores. La controversia, de ámbito autonómico y estatal, también afecta al debate que sigue esta cuestión en Palma.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.