La cogeneración reclama al Gobierno ayudas para evitar el cierre de plantas
La industria reclama ayudas y una extensión de la vida útil para evitar el cierre de dos de cada tres plantas de cogeneración antes de 2030.
La gran industria española reclama al Gobierno que acelere las ayudas para renovar y mantener sus plantas de cogeneración, instalaciones que producen electricidad aprovechando el calor de la actividad fabril. Las patronales Acogen y Cogen advierten de que, sin las remuneraciones solicitadas, podrían cerrar dos de cada tres plantas antes de 2030.
El Ejecutivo ha iniciado el proceso para celebrar la primera subasta de ayudas a plantas de generación eléctrica, cuya retribución se cargará al recibo de la luz. La convocatoria oficial aún está pendiente y permitirá asignar una remuneración a inversiones en instalaciones con una potencia conjunta máxima de 600 megavatios (MW).
Esta será la primera de las dos subastas previstas este año y el próximo, con un total de 1.200 MW destinados a renovar y mejorar las plantas existentes o a impulsar nuevas instalaciones más ecológicas. Las asociaciones calculan que ambas pujas podrían movilizar unos 2.200 millones de euros en inversiones.
Acogen y Cogen han pedido que la primera subasta quede comprometida pese al adelanto electoral del 29 de noviembre. Aunque estaba prevista inicialmente para diciembre, el sector acepta que se celebre en enero o febrero y que el proceso sea completado por el próximo Gobierno. Además, reclama una retribución por extensión de vida útil para las plantas que hayan agotado o vayan a agotar su periodo retributivo hasta 2031.
Entre 2020 y 2025, unas 300 plantas, con una potencia conjunta de 2.300 MW, dejaron de operar al finalizar su vida retributiva mientras esperaban un marco para su renovación. Las patronales calculan que estas paradas han supuesto una pérdida anual de 1.800 millones de euros de facturación energética industrial y un aumento equivalente al 4% del consumo nacional de gas en términos de energía primaria.
La noticia tiene alcance para el conjunto de las Illes Balears y se publica en Palma como capital autonómica, aunque el texto no concreta el impacto de estas medidas en instalaciones de la ciudad. El sector también afronta un recorte aproximado del 30% en la retribución por operación, en parte por el tratamiento del coste del CO2 asociado al calor.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.