Jueces de menores de Palma piden control parental y límites en redes sociales e Internet

Las dos magistradas especializadas en menores de Palma, Mar Soler y Magdalena Ferreté, han alertado de la necesidad de un control parental real sobre los dispositivos electrónicos, los videojuegos e Internet, y de limitar el uso de redes sociales por parte de los menores, ante la creciente frecuencia de los ciberdelitos en la isla. Soler advierte de que hay niños que desde los ocho años consumen pornografía sin restricciones de sus padres, pudiendo pasar horas sin ningún control de horario ni de contenido.

Ferreté coincide en que en el ámbito familiar deben fijarse límites a las redes sociales y que un adulto, sea el padre, la madre o un tutor, debería supervisar su uso. Reconoce, no obstante, que muchos hijos dominan las nuevas tecnologías mejor que sus progenitores.

El fiscal delegado de menores en Baleares, José Díaz Cappa, con 36 años de experiencia en este ámbito, sostiene que el menor necesita un referente adulto que le ayude a reflexionar. Considera que una ley por sí sola no bastaría y que todo debe abordarse desde la educación, y reconoce que lograr un control real es muy complicado incluso con familias y profesores implicados.

Díaz Cappa explica que los llamados 'curis', cuentas anónimas que difunden información de centros educativos y hacen comentarios irónicos, pueden convertirse en delito contra la integridad moral cuando se dirigen contra una persona concreta, un profesor o un alumno. También confirma que el fenómeno Blocus existe en Baleares, aunque todavía está poco definido, y que no se puede afirmar aún su relación con la concentración de decenas de jóvenes en la plaza España de Palma hace unos días. Según el fiscal, la convocatoria por redes sociales o aplicaciones como TikTok o Telegram es muy sencilla, y el principal reto es la investigación tecnológica más que la falta de normas.

Ambas magistradas consideran suficiente el Código Penal actual. Ferreté subraya que endurecer las penas no reduce el delito y que la justicia de menores debe ser rápida y de carácter educativo. Soler, por su parte, recuerda que la responsabilidad civil recae en los padres o representantes legales del menor, y que el derecho penal debe ser el último recurso.

Ferreté, que fue jueza de menores en Palma hace más de 30 años, señala un cambio notable desde entonces y advierte del aumento de agresiones sexuales y de violencia de género entre adolescentes de catorce y quince años.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.