La Audiencia Nacional investiga cinco obras de Adif por 343,8 millones sospechosas de amaños

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre la denominada trama Koldo/Cerdán, que ahora pone el foco en cinco adjudicaciones de Adif por un valor superior a los 343,8 millones de euros. Tres de ellas se concedieron a Acciona o a una UTE en la que participaba esta compañía. Según el texto original, ninguna de estas obras afecta al corredor andaluz donde se han producido recientemente choques de tren mortales, aunque sí sitúan bajo escrutinio la actividad de Adif.

El juez Ismael Moreno dispone desde marzo de un informe de la Intervención General del Estado que señala reparos similares en tres de estas obras, entre ellas las de la red ferroviaria de Murcia y la de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). El documento advierte de que los criterios determinantes en la adjudicación fueron los juicios de valor sobre los datos técnicos.

Las cinco obras son el ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat, licitado por 51,7 millones y ampliado hasta unos 62 millones; el soterramiento de la red en Murcia, adjudicado por 158,8 millones; el corredor mediterráneo Pulpí-Vera, por 121,1 millones; las obras en puentes y túneles del tramo Monforte-Lugo, por 1,4 millones; y las obras de emergencia en Gijón-Pravia, por unos 590.000 euros. La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha presentado en el juzgado documentación que, según su defensa, demostraría que este último contrato se pagó por una cantidad algo menor.

El texto recoge conversaciones incautadas por la UCO entre Santos Cerdán y Koldo García en las que se mencionan pagos vinculados a algunas de estas obras, así como una referencia a 550.000 euros atribuidos a José Luis Ábalos. Las obras aún no se habían finalizado cuando comenzó la investigación, y la UCO apunta a posibles mordidas a cambio de las concesiones. Las informaciones citadas son parte del sumario y no constituyen, por ahora, una condena.

Para los lectores de Palma, se trata de una información de ámbito estatal y provincial que afecta a la gestión de la obra pública en otras comunidades. No hay en el texto ninguna actuación concreta en Baleares.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.