La Audiencia Nacional ordena derribar un embarcadero privado en Formentor y restituir la costa

La Audiencia Nacional ha ordenado la demolición, en un plazo máximo de seis meses, de un embarcadero con solárium privado en Formentor, que ocupa 75 metros del dominio público marítimo terrestre. La infraestructura pertenece a una sociedad inmobiliaria madrileña, Aramos Propiedades, que había pedido seguir aprovechándola tras la extinción de la concesión declarada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2022.

La instalación fue construida en 1958 con autorización de Costas, en el tramo de costa conocido como Cala Pi de la Posada. La Audiencia ratifica la decisión del organismo y obliga a la concesionaria original a derribar el embarcadero, el muro y las escaleras para devolver la costa a su estado natural. Si el plazo expira sin que se ejecuten los trabajos, se procederá a la ejecución forzosa mediante multas coercitivas o a la ejecución subsidiaria, conforme a lo previsto en la Ley de Costas.

La sentencia, dictada en septiembre, destaca el valor medioambiental del entorno. Según el texto, el tramo es una playa catalogada por la Conselleria de Medi Ambient i Territori como natural, un arenal estrecho y kilométrico rodeado de un bosque de pinos y encinas. El tribunal considera que Formentor es un espacio que debe preservarse y evitar la proliferación de instalaciones que antropicen el lugar.

Los magistrados subrayan además que el mantenimiento de estas instalaciones priorizaría el uso privativo frente al uso común y público, y que la servidumbre de tránsito por la primera línea de mar se ve interrumpida en el frente del embarcadero. Recuerdan que toda la longitud del frente marítimo de la parcela está afectada por muros de piedra y vallas metálicas, objeto de dos expedientes sancionadores que ya ordenaban su retirada.

Por ello, el tribunal rechaza otorgar una nueva concesión a la sociedad y recalca la obligación de las administraciones de garantizar el uso público del mar y su ribera. Según los magistrados, el desmantelamiento es la única vía para asegurar que todas las personas puedan pasear, bañarse, navegar, pescar o varar en esa zona. La resolución sienta un precedente relevante en Formentor, al anteponer el valor natural del paisaje al interés privado.

Información elaborada a partir de Ultima Hora (Part Forana).